Texto extraido del Blog de Emilio Pinto
Sabemos por la agencia EFE que el PP ha llevado como "experto" a la Asamblea de Madrid para criticar la Ley de Protección del Menor a Javier San Sebastián, actual presidente de la Fundación O´Belén.
Este psiquiatra infantil, hermano de la periodista Isabel San Sebastián, ha lamentado también que "se cierren los cuartos de contención" en las casas de acogida para menores maltratados, desamparados o rechazados por sus familias. Las celdas de aislamiento fueron prohibidas para menores por la ONU en su resolución 45/113 de 1990 por generar en los adolescentes autolesiones y riesgo de suicidio. Se dá la dramática circunstancia de que bajo custodia de la fundación presidida por San Sebastián se han suicidado ya al menos tres adolescentes de entre 12 y 14 años.
Tanto el Defensor del Pueblo como Amnistía Internacional han sacado a la luz pública en sendos informes los métodos brutales que se emplean por la fundación O´Belén, sin embargo la Comunidad de Madrid continúa financiando abundantemente a la entidad, creada por un grupo de ex-concejales del mismo partido.
San Sebastián, amparado por el PP de la Comunidad de Madrid llega en esta comparecencia al punto de pedir que se "endurezca" la Ley de Protección del Menor, ideada precisamente para amparar a aquellos niños, niñas y adolescentes en situación más dificil de la sociedad. Es evidente que no es mediante los brutales métodos aplicados por estas empresas como puede darse una segunda oportunidad a los chavales bajo tutela de los servicios sociales.
Insitimos, el fondo de estas supuesta ONG´s no es otro que aprovecharse del lucrativo negocio que suponen los niños con problemas, ya que la Comunidad de Madrid entrega, según el Defensor del Pueblo, alrededor de 3.800 euros mensuales por menor a cada una de las entidades que se encargan de "protegerles". (Aquí puede leerse un extenso artículo de Intervíu sobre este asunto, titulado "Chicos malos, grandes negocios")
Más información http://www.centrosdemenores.com/
Extraido del blog de Ignacio Escolar
Dice el artículo 25 de la Constitución que las penas de cárcel en España “estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social” de los presos, no hacia la venganza. Pero como la Carta sólo es Magna cuando interesa, el PP ha decidido enarbolar el endurecimiento de las penas como nueva bandera electoral, a juego con su discurso xenófobo sobre la inmigración. El partido de las grandes soluciones para los problemas inventados ha aprovechado una anécdota, la nueva hazaña de El Rafita, para pedir condenas más duras, incluso la cadena perpetua. “Me parece que algo falla”, dice Esperanza Aguirre, y en eso tiene razón. Falla una sociedad que admite que se legisle a golpe de suceso macabro, del ritmo que marcan ciertos medios carroñeros que hacen de cada crimen un éxito de audiencia, un sangriento botín del que después los políticos populistas también sacan su tajada. Pero vayamos a los datos.
España es el país con más presos por habitante de toda la UE: 166 reclusos por cada 100.000 personas, muy por encima de Francia (96), Italia (92) e incluso Gran Bretaña (153). La población reclusa, unas 76.000 personas, casi se ha duplicado en los últimos quince años, desde que la reforma del Código Penal de 1995 endureció las condenas. ¿Significa esto que España es un país inseguro, y que por eso se llenan las cárceles? Pues tampoco. La tasa de criminalidad española es de las más bajas de Europa y los delitos más graves, como los asesinatos o los robos con violencia, no han parado de disminuir. Pese a estas cifras, existe la percepción contraria: que las condenas son blandas y que la delincuencia se ha disparado. La inseguridad ciudadana aparece como un problema cada vez mayor en las encuestas. Es la distancia entre la realidad y lo que sale por televisión.
Fuente: http://www.escolar.net/MT/archives/2010/01/endurecer-el-populismo.html